Cada viernes se publican en el Semanario Judicial de la Federación nuevos criterios judiciales que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), tanto en Pleno como en Salas, así como, los Plenos de Circuito (“PDC”) y Tribunales Colegiados de Circuito (“TCC”), el viernes 12 de julio de 2019, se publicaron 7 con la calidad de Jurisprudencia y 24 como tesis aisladas, para un total de 31, a continuación presentamos un resumen de los criterios que se estiman relevantes, por su trascendencia, o bien, por resultar discutibles, ello sin restar valor a los otros criterios publicados.

Jurisprudencia:

1.-Rubro: “TRABAJADORA EMBARAZADA. SI EL PATRÓN SE EXCEPCIONA ADUCIENDO QUE LA ACTORA RENUNCIÓ Y ÉSTA DEMUESTRA QUE AL MOMENTO DE CONCLUIR EL VÍNCULO LABORAL ESTABA EMBARAZADA, EL SOLO ESCRITO DE RENUNCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR QUE FUE LIBRE Y ESPONTÁNEA.

Fuente: Segunda Sala SCJN. Tesis: 2a./J. 96/2019 (10a.). Número: 2020317. Formación: Contradicción.

Resumen:¿Cómo debe valorar la Junta de Conciliación y Arbitraje la excepción de renuncia de una trabajadora cuándo se acredita que en ese momento estaba embarazada?

Juzgar con perspectiva de género implica reconocer la realidad sociocultural lo que exige una mayor protección del Estado a fin de lograr una garantía real y efectiva de los derechos y eliminar barreras, lo que cobra especial relevancia cuando una trabajadora se encuentra en estado de embarazo. Por tanto, si se opone la excepción de renuncia y la trabajadora demuestra que esa terminación ocurrió encontrándose embarazada, la patronal deberá acreditar que la renuncia fue libre y espontánea en aplicación del tercer párrafo del artículo 17 Constitucional; sin que en ningún caso el solo escrito que la contenga sea suficiente para demostrar su excepción, sino que se requieren elementos de convicción adicionales, toda vez que no es verosímil que la mujer prescinda de su empleo por lo gastos que implica el alumbramiento y la necesidad de acceder a la atención médica, aunado a que existe una práctica común de ejercer actos de coacción con motivo del embarazo.

2.-Rubro: “REMATE JUDICIAL. LA ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN NO CONSTITUYE UN REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PONGA AL ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE JALISCO).

Fuente: Primera Sala SCJN. Tesis: 1a./J. 37/2019 (10a.). Número: 2020313. Formación: Contradicción.

Resumen:¿Para entregar la posesión al adjudicatario de un inmueble en un remate judicial es necesario esperar hasta que se concluya con la escrituración del bien?

De los artículos 525, 582, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como 574 y 575 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aparece que la escrituración no constituye un requisito necesario para ordenar la desocupación de la finca y poner al adjudicatario en posesión del bien. Ahora, si bien, la venta judicial debe formalizarse a través de la escritura pública correspondiente y, por orden lógico, primero se debería proceder a la escrituración y entrega de los títulos de propiedad, para que después se ponga en posesión del adjudicatario el bien rematado, nada impide que primero se le ponga en posesión y después se firme la escritura, porque una vez que la adjudicación por remate judicial se perfecciona con el pago del precio, el ejecutado pierde la propiedad del bien, la cual es adquirida por el adjudicatario, de manera que el hecho de que la venta no conste en escritura no le puede parar perjuicio al comprador judicial.

3.-Rubro: “PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. NO SE ACTUALIZA SU DESISTIMIENTO TÁCITO CUANDO LA FALTA DE SU DESAHOGO INTEGRAL FUE EXCLUSIVAMENTE IMPUTABLE A LA JUNTA LABORAL.

Fuente: Segunda Sala SCJN. Tesis: 2a./J. 90/2019 (10a.). Número: 2020311. Formación: Contradicción.

Resumen:¿Cómo opera la sanción contenida en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo?

El artículo referido prevé que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de 3 días para que expresen su conformidad, bajo apercibimiento de que de no hacerlo, si hubiera pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidas. Ahora bien, de su literalidad aparece que se refiere a los casos en que alguna prueba no se desahogó, pero no menciona el supuesto en que se hubiese desahogado en forma incompleta. Sobre ese punto, al tratarse de una sanción procesal se debe aplicar de manera estricta, por lo que en los casos en que existan pruebas desahogadas parcialmente, es decir, que se admitieron e iniciaron algunas diligencias para su desahogo sin haberse concluido por causas imputables a la autoridad laboral, no es posible aplicar la sanción en alusión, porque ello equivaldría, a incorporar en la norma un supuesto no previsto en ella.

4.-Rubro: “VIGILANTES» O «AGENTES VIALES» MUNICIPALES. EL ARTÍCULO 196, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, POR SÍ MISMO, ES INSUFICIENTE PARA FUNDAR SU EXISTENCIA JURÍDICA Y SUS FACULTADES PARA EMITIR BOLETAS DE INFRACCIÓN EN ESA MATERIA, POR LO CUAL, DE SER EL CASO, DEBERÁ COMPLEMENTARSE CON LA DISPOSICIÓN GENERAL, REGLAMENTARIA, O EL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE LAS ESTABLEZCA.

Fuente: PDC. Tesis: PC.III.A. J/71 A (10a.). Número: 2020294. Formación: Contradicción.

Resumen:¿Qué requisito de fundamentación de deben cubrir las multas impuestas por estos agentes?

La cita del artículo 196, fracción II, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco por sí sola es insuficiente para fundar la competencia de esos servidores públicos para emitir las boletas de infracción correspondientes, dado que debe estar acompañada de la invocación de algún otro precepto legal o reglamentario, o acuerdo administrativo, que prevea su existencia jurídica dentro del personal operativo perteneciente a la dependencia que, en cada municipalidad, sea la competente en materia de vialidad y tránsito, pues el primero solo alude de forma genérica a la dependencia encargada de calificar y aplicar sanciones, lo que depende del organigrama de cada municipio.

5.-Rubro: “OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON UN SALARIO MENOR AL QUE REALMENTE PERCIBE, NO IMPLICA QUE SEA DE MALA FE.

Fuente: Segunda Sala SCJN. Tesis: 2a./J. 95/2019 (10a.). Número: 2020289. Formación: Contradicción.

Resumen:¿El monto con el que se inscriba a un trabajador ante el IMSS incide en la calificación del ofrecimiento de trabajo?

De acuerdo a precedente de la Corte, para calificar el ofrecimiento de trabajo las Juntas deben tomar en cuenta las condiciones fundamentales de la relación laboral bajo las que se formula, así como si éstas afectan o no los derechos del trabajador, en relación con los antecedentes del caso o la conducta asumida por el patrón. De esa forma, si al analizar el salario con el que el patrón propuso reincorporar al trabajador en su empleo, de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral se advierte que éste fue inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario menor a aquel que realmente percibía, para calificar la oferta la autoridad laboral debe atender los términos en los cuales se formuló, pues esa circunstancia no implicará la mala fe del empleador, siempre que el sueldo ofrecido al trabajador sea superior a aquel con el que fue inscrito, dicha circunstancia únicamente implica el incumplimiento de una obligación impuesta por la Ley del Seguro Social a los patrones, la cual puede ser subsanada

Tesis aisladas:

1.-Rubro: “SUMISIÓN EXPRESA. EL PACTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO SE TRANSFIERE POR MEDIO DE LA SUBROGACIÓN, POR TANTO, PARA EL CASO DE CONTROVERSIA, NO OBLIGA A QUIEN SE SUBROGA EN LOS DERECHOS Y ACCIONES DE UNO DE LOS CONTRATANTES ORIGINALES, ATENTO AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA.”

Fuente: TCC. Tesis: I.12o.C.149 C (10a.). Número: 2020316.  

Resumen:La subrogación, regulada en los artículos 2058 y 2059 del Código Civil Federal, se refiere a la sustitución del acreedor por ministerio de ley, sin necesidad de declaración judicial ni de las partes, lo que implica que, por regla general, únicamente transfiere los derechos del subrogante y las consecuentes acciones que pudiera ejercer contra el deudor, no así las obligaciones o cargas procesales asumidas por el acreedor primigenio, como es el caso del pacto de sumisión expresa. De considerar lo contrario y permitir que la renuncia al fuero que la ley autoriza al contratante inicial se transfiriera mediante la subrogación y, para el caso de controversia, obligara también al acreedor sustituto, se soslayaría la voluntad del legislador, al regular el pacto de mérito, erigiéndose éste en un obstáculo injustificado al derecho fundamental de acceso a la justicia, tutelado en el artículo 17 Constitucional.

2.-Rubro: “PÓLIZA DE SEGURO. LA ASEGURADORA NO PUEDE LIBERARSE DE SU OBLIGACIÓN RESARCITORIA POR EL ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO, SI ARGUMENTA QUE EL ASEGURADO CONTRAVINO AQUÉLLA, AL NO ADVERTIRSE LA EXCLUSIÓN EXPRESA DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO O PARTICULAR (UBER Y/O CABIFY MÉXICO), PUES ESE HECHO NO SE RELACIONA CON UNA AGRAVACIÓN Y CONSECUENTE RESTRICCIÓN DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA.”

Fuente: TCC. Tesis I.12o.C.152 C (10a.). Número: 2020306.  

Resumen:La prestación de los servicios de transporte de las empresas denominadas «Uber» y/o «Cabify México», es de carácter privado o particular. Luego, resulta incorrecto que un asegurado contravenga la póliza de seguro y que, por ende, no pueda ser indemnizado por el siniestro ocurrido (robo total del vehículo), cuando de la póliza de seguro no se advierte la exclusión expresa de un servicio de transporte de ese tipo, pues ese hecho no se relaciona con una agravación y consecuente exclusión o restricción de la obligación indemnizatoria; de ahí que acorde con el artículo 55 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la aseguradora no podrá liberarse de sus obligaciones cuando el incumplimiento no tenga influencia sobre el siniestro o sobre la extensión de sus prestaciones, es decir, que no exista una agravación esencial del riesgo, conforme al artículo 52 de la misma ley. Por tanto, lo que se adecua a una agravación esencial es el uso del vehículo para servicio público, por así haberse pactado en la póliza de seguro, en tanto que el uso de transporte particular o privado, no actualiza una agravación esencial como causa de exclusión de la obligación resarcitoria.

Si tiene cualquier duda o comentario sobre este o cualquier otro tema no dude en contactarnos en: dguerra@avafirm.com

Share This