En los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4°, 27° y 115°, se sustenta la gestión jurídica del agua en México, y como legislación secundaria se aplica la Ley de Aguas Nacionales (LAN) la cual fue promulgada en 1992.

A mayores rasgos se establece en el artículo 4° Constitucional párrafo sexto: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

En tanto el artículo 27° establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

El artículo 115°, dispone que serán los Municipios quienes tendrán a su cargo diversas funciones y servicios públicos como son: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, entre otros servicios. 

Por su parte la LAN, es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

Se motiva la regulación, por ser un el agua un derecho de todos, de forma suficiente, salubre, accesible y consciente.

Mayor información: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_240316.pdf
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