El Presidente no tiene facultades para abrogar la reforma educativa, ni para suspenderla por decreto.

El memorándum que este martes dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que según su decir, se deja sin efectos “todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación”, de la reforma educativa, aprobada en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, no tienen sustento legal alguno.

Razón por la cual, el mandatario está excediendo las facultades que la Carta Magna le otorga; máxime, que con la emisión de dicho documento se violenta lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, que obliga a todas las autoridades dentro del ámbito de su competencia a fundar y motivar sus actos.

Derivado de sus funciones, el Ejecutivo Federal se encontraba obligado a citar tanto los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de cualquier otro ordenamiento jurídico que sustentaran ese memorándum, como los motivos en los cuales se apoyó para la emisión del mismo; circunstancia que no aconteció en la especie, lo cual, se traduce en una flagrante violación al principio de legalidad, que debe respetar al Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Máxime, que para que dicha actuación tuviese validez jurídica, el poder ejecutivo debía realizar una iniciativa de abrogación, la cual, debía ser enviada al poder legislativo para su estudio, a efecto de contar con la aprobación, de ambas cámaras.

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